Desde AmCham somos siempre respetuosos de las políticas o practicas económicas implementadas por las administraciones en nuestro país. Sin embargo, ante la continuidad de una política de administración de precios, o “Programa de Precios Máximos”, cabe hacernos algunas preguntas.
Los precios, en un mercado en plena competencia y múltiples oferentes, NO pueden ser considerados bajo el régimen de tarifa publica y por ende definidos o autorizados por la autoridad administrativa competente. Sin embargo, ¿Por qué el gobierno se excede en sus funciones cuando establece mediante una comunicación lisa y llana, el precio de los bienes de consumo que se comercializan bajo esta modalidad y sus respectivos aumentos? ¿Es sustentable mantener un programa durante 12 meses con aumentos de precios aprobados del orden del 14%, cuando el incremento en costos en ese periodo fue entre el 32 y el 48%? ¿Puede una empresa seguir operando cuando al desfasaje del 2020 se sumará, con seguridad, otra diferencia aún mayor en el 2021, sin verse en la necesidad de restructurar su portafolio de productos, reducir la empleabilidad o afectando el normal abastecimiento? ¿Son efectivos los controles de precios por largo plazo, cuando las causas de la inflación pasan mayormente por las políticas monetarias y fiscales de un país?
Estos interrogantes se vuelven doblemente preocupantes cuando se observa que el motor de la recuperación económica dependerá exclusivamente de la generación de recursos del sector privado y que, medidas de esta índole tienen un impacto directo y negativo sobre el nivel de crecimiento, la inversión en el lanzamiento de productos innovadores o la reconstrucción del empleo de calidad perdido.
Según un informen de ABECEB, “la baja en los ocupados – durante el 2020 – fue de alrededor de 1,2 millones de trabajadores, tres veces más acelerada entre los informales y cuentapropistas”. No hay dudas que la disminución de horas trabajadas han sido una tendencia mundial por el actual contexto de pandemia, pero el indicador en Argentina, de acuerdo con reportes de la OIT, duplica el promedio mundial, lo que nos conduce a reflexionar sobre el acierto o no de estas medidas adoptadas y su impacto en la empleabilidad futura.
A días de a haber superado un año de esta política “coyuntural”, como la han descripto numerosos funcionarios en varios espacios y mesas de diálogo, la Resolución 100/2020 de la Secretaria de Comercio Interior sigue operativa, y sin indicios sobre su fecha final de caducidad. (prorrogada hasta el 15 de mayo mediante la Res.281/2021)
Lejos de garantizar “el acceso sin restricciones a los bienes básico” y muy por el contrario, “intimando a las empresas a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de dicha resolución”, esta normativa ha avanzado sobre un derecho fundamental como resulta ser la libre decisión de fijar precios en base a factores como, la oferta y demanda, sus fortalezas competitivas, su estructura comercial, etc.
Por otra parte, ninguna empresa que pretenda ser sustentable podría establecer un precio tratándose de bienes de consumo, muy por encima de las posibilidades de compra de sus usuarios y consumidores. Del mismo modo, tampoco puede ser sostenible cuando su estrategia comercial es definida en las oficinas ministeriales, afectando estructural y sistémicamente su rentabilidad.
La disposición sobre precios máximos (categorías alcanzadas, aumentos concedidos, etc.) ha sido una decisión unilateral del gobierno, que desoye la predisposición de las empresas, conscientes de la situación social de nuestro país, al verse imposibilitados de orientar su oferta o portafolio hacia audiencias con distintos niveles de poder adquisitivo. Además, subestima a los usuarios y consumidores en su posibilidad de elegir libremente aquellos productos que desean o pueden adquirir basándose en gusto, precio o calidad. Este deseo del consumidor se verá aún más afectado, por la aplicación de la nueva Ley de Góndolas, solo será una cuestión de tiempo ver los resultados negativos que la misma generará para los consumidores y la industria.
El diálogo del gobierno con los sectores empresarios ha sido fluido, sin embargo, existe una falta total de certidumbre hacia futuro, comprometiendo seriamente los márgenes de rentabilidad y, por ende, la capacidad de las empresas en generar empleos directos e indirectos en el corto plazo.
Una posible solución a fin de dar certeza es permitir aumentos escalonados para los próximos meses, lo que generaría un marco de entendimiento y previsibilidad requerido.
Al día de hoy, seguimos insistiendo desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), junto a otras entidades empresarias, sobre la conveniencia de una transición definitiva del programa de precios máximos al programa de precios cuidados, liberando los productos alcanzados por la mencionada resolución 100/20, de manera tal de avanzar hacia un único programa que resguarde, por un lado, los derechos de los consumidores más afectados por los efectos económicos de la pandemia y brinde, por otro lado, perspectivas de crecimiento al entramado productivo afectado por esta disposición. Ésta podría ser una forma lógica de evitar que medidas originalmente coyunturales se tornen políticas públicas permanentes de difícil reversibilidad, como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia.
En su paso reciente por la Universidad Brown, el prestigioso profesor emérito William Rhodes, brindó algunas palabras finales tras la conferencia dictada por el ministro Martín Guzmán, “la inversión extranjera va a los países donde la población confía en el plan económico de su gobierno”. Para ello, es necesario un sector privado próspero y dinámico que sea el puntal en la titánica tarea que ya golpea la puerta, la recuperación de la economía.
No pretendamos ser “diferentes en todo”, no sigamos probando con sistemas o propuestas que han demostrado su absoluto fracaso en el pasado, seamos más estratégicos al momento de tomar decisiones, necesitaremos del sector privado para hacer de Argentina un país viable.
