El sentido de la urgencia y nuestra vocación de mantener un diálogo abierto y directo con todos los actores nos lleva a volver a expresarnos con respecto al “Programa de Precios Máximos” implementado por la Secretaria de Comercio Interior a partir de la Res. 100/2020.
Como dijimos con anterioridad, las empresas integrantes de esta Cámara, así como la industria productora de bienes de consumo en general, han demostrado su disposición por mantener funcionando sus operaciones aún en tiempos tan difíciles como los actuales, haciendo su contribución esencial para proveer de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y otros, que han sido determinantes para proteger la matriz productiva de nuestro país y abastecer de tales insumos a la población.
Hemos manifestado en reiteradas oportunidades los riesgos que se plantean con el mantenimiento de este programa en el tiempo: pérdida de rentabilidad de las empresas, imposibilidad de generar nuevos empleos, limitación en nuevas inversiones, desabastecimiento de productos en el punto de venta, etc.
Ahora queremos a partir de algunos de los resultados de los últimos 12 meses de aplicación de este programa, hacerles saber a todos, pero en particular a las autoridades, que el tiempo se acorta, el margen de maniobra de las empresas y el retail es escaso, los niveles de sostenibilidad económica son mínimos, los argumentos sobre la política de administración del comercio son irracionales, la contradicción es manifiesta, la previsibilidad es nula, y la competitividad es una quimera.
¿Qué paso los últimos 12 meses desde la aplicación de la Res? 100/2020?:
• Empleo: las empresas lograron a pesar de la perdida sistémica de rentabilidad mantener todos los puestos de trabajo, inclusive debido a las ausencias generadas por la regulación y la pandemia (personal de riesgo). Además, se han visto obligadas a contratar personal tercerizado entre el 12/25% de su plantilla permanente a efectos de mantener los niveles de producción requeridos. El interrogante es: Por supuesto que post-pandemia los contratostercerizados no serán renovados, pero ¿podrá mantenerse por mucho tiempo el nivel de personal efectivo como el actual?
• Abastecimiento de productos: Actualmente se exige a las empresas “incrementar la producción hasta el máximo grado de su capacidad instalada y asegurar el transporte, la distribución y comercialización”. Según el Estudio realizado por GS1, de cadenas a nivel nacional, para las categorías de Alimentos, perfumerías y limpieza de alta rotación: “Se manifestaron quiebres en mayo y junio 2020 del 5%; en enero y febrero 2021 del 13%. Lo que muestra un índice de crecimiento de faltantes de 252%”. Ergo, la falta de provisión bienes en el punto de venta, son consecuencias de múltiples factores en los que la empresa poco responsable es. Sugerimos, por lo tanto, intensificar el diálogo “genuino”, acordando salidas de corto y mediano plazo consensuadas entre todos los involucrados.
• Inversiones en infraestructura realizadas: ante la consulta a nuestras empresas sobre el nivel de inversión del último año, la respuesta fue de aproximadamente 150 millones de dólares. comparativamente muy poco, si tomamos la encuesta realizada por AmCham entre las empresas americanas socias en 2017, cuando el número de inversión alcanzó los 2.234 millones de dólares. Si bien la pandemia repercute en el número, a esto se le suma la situación de imprevisibilidad, desconfianza e inseguridad que impide a las empresas invertir en nuestro país.
• Inversión en acciones marketing, promoción, comunicaciones. La reducción alcanzó el 38%, producto de la necesidad de maximizar recursos, a pesar de ser elementos vitales para las actividades comerciales: como la fidelización de clientes, las comunicaciones de nuevos lanzamientos, acciones de promoción, fortalecimiento de canales de venta, etc.
• Niveles de rentabilidad, resultado de esta política: empresas con hasta el 30% de sus productos con rentabilidad negativa, hasta categorías enteras que no han sido deslistadas y que están mayoritariamente por debajo del break-even operativo. En resumen, márgenes operativos reducidos en hasta el 36% entre el aumento de costos y la imposibilidad de modificar sus precios. La disyuntiva NO es la de trabajar a pérdida o quedar en infracción, la pregunta es hasta cuanto podrá sostenerse esta situación.
Otro aspecto para cuestionar son los mecanismos de control/información que han sido establecidos: SIPRE y SIFIRE. No sólo intensifica la carga burocrática de las empresas, asignando recursos a sectores improductivos, sino que ha demostrado su ineficiencia para solucionar los problemas de fondo. ¿Por qué no empezamos a pensar en mecanismos de análisis vertical de la cadena de valor, partiendo desde los insumos primarios hasta el precio del producto en la mesa de los argentinos? Quizás si las autoridades analizan la cadena en detalle podríamos encontrar los problemas reales: costos elevados de logística y distribución, carga impositiva creciente e insostenible, ineficiencias o falta de interés político en la aplicación de mecanismos de control de las operaciones informales, costos incrementales relacionados con la pandemia, entre otros.
En lugar de concentrar solo la atención en 1000 empresas que se ven impactadas por dichos elementos en su estructura de costos y viéndose imposibilitadas de trasladarlos a los precios ante la intervención del estado en sus decisiones comerciales.
Las consecuencias son obvias: ante un ambiente regulatorio más hostil, restrictivo, e imprevisible, nadie planifica a mediano y largo plazo, y por ende la recuperación económica va a ser limitada e insuficiente.
Solicitamos a todos y en particular a nuestras autoridades, que comprendan y acepten que ninguna empresa que pretenda ser sustentable podría establecer un precio tratándose de bienes de consumo, muy por encima de las posibilidades de compra de sus usuarios y consumidores. Todos valoran y reconocen sus posibilidades de elegir libremente aquellos productos que desean o puedan adquirir basándose en su preferencia, precio o calidad.
Nuestro pedido a la secretaria de comercio interior es la derogación de la Res.100/2020 y arbitrar los medios para permitir a las empresas alcanzadas, a realizar aumentos escalonados para los próximos meses, siendo responsables y conscientes de la gravedad de la situación de nuestros ciudadanos, pero haciendo posible la continuación de sus operaciones comerciales en nuestro país.
Entendemos que los recursos de la administración deberían estar concentrados en analizar los factores generadores de este fenómeno de aumento de precios en lugar de regular mediante sanciones y controles inaplicables, y proponer nuevas regulaciones. Es necesario entablar un canal de decisiones consensuadas con el sector privado, que evite dar el último salto al vacío.
