“Creemos que el gran obstáculo en el proyecto es que pretende imponer un sistema de advertencia que se transforma en un modelo punitivo, confuso, parcial e inequitativo”, dijo la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham)
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Las empresas de Estados Unidos en el país rechazaron la denominada ley de etiquetado de alimentos, que Diputados pretende tratar este martes. A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham) alertó que el proyecto que busca tratar el Congreso traerá aparejados “obstáculos al comercio y la producción”.
Asimismo, cuestionó que impondrá un sistema “punitivo e inequitativo” en la comercialización de alimentos.
Cabe destacar que la sesión para tratar la ley fue convocada para este martes pero en el oficialismo admiten que el quórum no está garantizado.
“Hay una simplificación en la cual se busca el no consumo de ciertos alimentos, dejando de lado la posibilidad de educar en torno a la temática en cuestión”.
El problema se suscitó, primero, porque desde el interbloque conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica se opusieron al nuevo reglamento que había dictado la presidencia de la Cámara que abría la puerta a muchas excepciones para mantener el modelo de presencialidad y virtualidad. Una vez que se modificó y se volvió al reglamento pre-pandemia, el conflicto surgió por el temario.(Gentileza Prensa Diputados)
En tanto, la cámara de empresas estadounidenses consideró que “se puede legislar mediante una norma que cumpla con dichos objetivos, pero evitando la generación de obstáculos al comercio, a la producción y a las economías regionales afectadas”.
“Creemos que el gran obstáculo en el proyecto es que pretende imponer un sistema de advertencia que se transforma en un modelo punitivo, confuso, parcial e inequitativo”, dijo la entidad. Creemos que el gran obstáculo en el proyecto es que pretende imponer un sistema de advertencia que se transforma en un modelo punitivo, confuso, parcial e inequitativo (AmCham)
La cámara argumentó que “el 92% de los alimentos que se comercializan en la Argentina serían discriminados negativamente y sin destacarse los aportes positivos que conllevan, como fibra y demás propiedades que, por ejemplo, resaltan las actuales guías alimentarias disponibles”.
La Cámara de Diputados prevé debatir el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que ya tiene media sanción del Senado. La iniciativa promueve un etiquetado que advierte sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en los productos alimenticios.
En ese marco, la AmCham señaló que el criterio del perfil nutricional del proyecto es el pautado por la Organización Panamericana de la salud (OPS).
Asimismo, afirmó que “ningún país ha establecido dicho perfil, sino que aplicado en forma directa a productos individuales, lleva a inconsistencias que confunden al consumidor y resultarán absolutamente inequitativos”.
Remarcó que el proyecto “no debería” seguir las recomendaciones de la OPS, “sino adaptarse a la realidad local, y ser definido por la autoridad sanitaria argentina, acorde a los hábitos y costumbre alimenticias, como ocurre en Chile y México”.
En ese sentido, dijo que la OPS “no sólo impone límites extremadamente exigentes, tampoco plantea ningún tipo de flexibilidad o gradualidad en la aplicación de los sellos negros”, que indican a los alimentos de menor calidad.
La declaración de la AmCham advirtió que en el proyecto “hay una simplificación en la cual se busca el no consumo de ciertos alimentos, dejando de lado la posibilidad de educar en torno a la temática en cuestión”.
Consideró que el proyecto debería armonizarse con los otros países del Mercosur y alerta que prohíbe “otras menciones nutricionales, así como está definido en la norma y no permite comunicar al consumidor productos enriquecidos o fortalecidos con vitaminas, minerales o fibra”. Y añadió también que el plazo de 180 días que otorga el proyecto para adaptarse a la ley es “exiguo” y señaló “los procesos de adaptación y transición llegan hasta los 2 años”.
La AmCham sostuvo que los diputados tienen la oportunidad de establecer un sistema de etiquetado “estableciendo un equilibrio racional entre los intereses de la industria que los procesa y genera empleo de calidad, y una sociedad buscando la mejor información simple y sencilla para su decisión de compra y posterior consumo”.
