En los años noventa, Carlos S. Nino problematizaba la relación existente entre el ciudadano argentino promedio y el sistema de normas vigente mediante el concepto de anomia, más específicamente, de anomia boba. Anomia porque, tal como refiere su significado, en la Argentina puede observarse un incumplimiento de la ley por parte de diversos actores de la sociedad, que deviene una desorganización social. Y boba porque dicha actitud perjudica al transgresor, desde ya, pero también a la comunidad en su conjunto.
En su trabajo Un país al margen de la ley, Nino no solo advertía esta dinámica, sino que también avizoraba sus posibles consecuencias: el desorden, la inestabilidad y los plausibles abusos de poder que resultan de esta actitud tienen efectos directos sobre la democracia, en términos generales, y nuestro sistema institucional, en especial.
Acorde con el último ranking anual publicado por Transparencia Internacional (TI), nuestro país obtuvo 42 puntos sobre los 100 máximos posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, ubicándose justo por debajo del promedio global (43 puntos), ocupando el lugar 78 de 180 y siendo parte de los más de dos tercios de países que no pueden superar los 50 puntos.
Un informe que resulta interesante de traer al análisis, el cual va de la mano con este concepto de adherencia institucional, es el reporte más reciente publicado por World Justice Project, donde se configura un índice para medir el nivel de Estado de Derecho (rule of law, en inglés) de los distintos países. En este, la Argentina ocupa actualmente el puesto 56 (de 139) con una puntuación de 0,56, habiendo disminuido dos puntos y descendido un lugar respecto de 2020. En términos comparativos con la región latinoamericana, Uruguay, Costa Rica y Chile son los países que más adherencia al rule of law presentan, mientras que Nicaragua, Haití y Venezuela, quienes menos. Por nuestra parte, de estos 32 países que conforman Latinoamérica, la Argentina se encuentra en el puesto número 13, es decir, por debajo de la mediana, lo que resulta positivo, pero aún a 0,15 puntos de distancia del primer puesto.
La realidad es que sería imprudente e irresponsable atribuir los resultados expuestos al comportamiento anómico. Y tampoco sería certero reducir estas falencias institucionales que se observan como una consecuencia única del fenómeno de la corrupción. Pero el 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, y tal fecha sirve como una antesala para reflexionar sobre comportamientos que acompañan a nuestra ciudadanía, nuestros gobiernos y nuestro país desde hace tiempo, y evidentemente no han resultado positivos.
Las posiciones que ocupa la Argentina en los distintos rankings son una instancia para entender que claramente nos enfrentamos a debilidades en términos institucionales y desafíos tanto en lo económico, lo político como lo social. Salir de ese lugar es una tarea en la que debe involucrarse toda la sociedad argentina.
*Por Nestor García, Presidente del Instituto de Ética y Transparencia de AmCham
