Economistas y cámaras sectoriales recibieron positivamente la noticia del entendimiento, pero se mostraron escépticos sobre los objetivos; el impacto del contexto internacional y de las divisiones en el oficialismo.
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Finalmente, el Gobierno presentó en el Congreso el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. El documento final, de 137 páginas, brinda detalles sobre los objetivos trimestrales que se deberán cumplir para aprobar las revisiones trimestrales -y que habilitan los desembolsos-, la información que se brindará al organismo periódicamente, a la vez que arroja luz sobre las políticas económicas que deberá tomar el Gobierno para cumplir con las metas.
Todavía debe ser aprobado por el Poder Legislativo local y por el board del FMI. Sin embargo, en el sector privado ya hay una sensación de “alivio” por haberse evitado el default (técnicamente sería un “atraso”). Además, la mayoría de los analistas descuentan que pasará por el Congreso sin grandes problemas.
En este sentido se expidió la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). “Celebramos que el Gobierno Nacional haya alcanzado un entendimiento con el FMI. La alternativa del default ciertamente habría traído consecuencias muy negativas para la economía de nuestro país”, comunicaron.
“En cuanto a lo que plantea el acuerdo, y sin entrar en los detalles técnicos, desde la CAC coincidimos con los objetivos de paulatina reducción del desequilibrio fiscal, baja de la inflación, recomposición de reservas internacionales y disminución del uso de la emisión monetaria para financiar el déficit”, opinaron.
Sin embargo, los analistas mostraron cierto escepticismo respecto de los objetivos fiscales e inflacionarios a los que se comprometió Martín Guzmán y de cómo se lograrán. La influencia de variables exógenas, como el aumento en los precios internacionales de energía y gas, generan dudas.
“Para 2022, la banda de inflación pone techo en 48%. No vemos esa inflación, vemos una superior a 50%, por la corrección de los precios relativos de la economía, el aumento del tipo de cambio, en línea con la inflación y el incremento de tarifas de servicios públicos, entre otras. A pesar de la reducción del financiamiento monetario para bajar el nivel de déficit, todavía quedan cuestiones importantes en un contexto donde los precios energéticos están creciendo y la Argentina tiene que importar. También de las commodities, que no favorecen en términos del bolsillo local”, explicó el analista Damián Di Pace.
Los expertos creen que con alta inflación y tasas reales positivas, la dinámica de la deuda en pesos va a ser desafiante, si no se tienen proyecciones sobre dónde iría la deuda. “No veo fácil el financiamiento neto en pesos de 2% del PBI por año. El déficit financiero creo que va a crecer más rápido que lo que pueda bajar el déficit primario. Incluso las proyecciones de crecimiento (que implican mayor recaudación) lucen ambiciosas”, opinó Maria Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos.
Para algunos analistas, el Gobierno logró evitar algunas recetas tradicionales del FMI, como una devaluación de shock y avanzar rápido en reformas estructurales del mercado laboral y las jubilaciones. Sin embargo, hay compromisos de modificar la Ley de Obras Públicas y la Ley Penal Cambiaria. “Hay un compromiso para llevar adelante un control financiero más estricto en las finanzas de los organismos descentralizados y empresas públicas, y las transferencias a las provincias. Como suele suceder en sus acuerdos, el FMI va a controlar con mucho detalle en qué gasta el sector público”, comentó Claudio Caprarulo, economista de Analytica, a LA NACION.
El sector privado estará atento al cumplimiento de las metas. Las diferencias en el seno del oficialismo generan dudas al momento de analizar la voluntad y decisión que podrá tener el Gobierno a la hora de reorientar las variables macroeconómicas, particularmente el año que viene, cuando habrá elecciones presidenciales.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) emitió un comunicado en apoyo al acuerdo logrado con el FMI. Sin embargo, alertó: “Esperamos que además de dar cumplimiento con el nuevo programa, el Gobierno argentino realice los cambios requeridos para generar las condiciones de estabilidad macroeconómica necesarias, abordar los desafíos estructurales y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. Reiteramos que el acuerdo debe ser acompañado por políticas de Estado que apunten a concretar la transformación social y económica de la Argentina, considerando el rol activo del sector privado y la mejora de la situación de vulnerabilidad presente en gran parte de nuestra sociedad”.
En cuanto a los parámetros de déficit, Castiglioni opinó que las metas de este año no están asociadas con una baja del gasto público, sino con un recorte de transferencias a las provincias. “Deberían recaudar más por revalúo de propiedades y eso le dará al Gobierno más recaudación por Bienes Personales a partir de 2023. O sea, más impuestos”, dijo.
El acuerdo establece una pauta de déficit de 2,5% del PBI para este año. Para Di Pace, el cumplimiento dependerá de una reducción real del subsidio a las tarifas de servicios.
“Las metas para este año son en líneas generales de posible cumplimiento, excepto la reducción de 0,6% del PBI en el gasto en subsidios energéticos. Eso puede dificultar el cumplimiento de la meta fiscal en junio, en el resto de las revisiones es cumplible. El salto de los precios de la energía por la guerra en Ucrania hacen que la actualización propuesta de tarifas no sea suficiente para ese fin. Lo que también dificulta que la inflación se reduzca al 48% anual como se proyecta en el acuerdo.”, agregó Caprarulo.
