La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) llevó adelante la primera reunión del Comité de Medio Ambiente de 2023, un espacio de participación e interacción entre las empresas socias, cuyo trabajo se enfoca en el análisis de la gestión medioambiental, el seguimiento legislativo, y el relacionamiento con entidades gubernamentales, funcionarios públicos y expertos.
Sobre este y otros temas, Guillermo Malm Green, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de AmCham y socio senior del Estudio Brons Salas, dialogó con Pablo Gago, conductor del programa Futuro Sustentable, por AM 1220, radio EcoMedios.
Futuro Sustentable: Nos preocupa la atracción de inversiones por parte de la Argentina. ¿Son claras las reglas desde lo legal ambiental?
Guillermo Malm Green: Es difícil una respuesta blanco o negro. No olvidemos que la Argentina es un país federal y las provincias retienen todos los poderes que no son delegados al Congreso Nacional. El poder de policía recae en entre estos que detentan las provincias. En la reforma de la Constitución del 94 se autorizó al Congreso a autorizar normas de presupuestos mínimos ambientales que tienen que ser cumplidas por las provincias y estas pueden agravarlas. El cuerpo ambiental es transversal, abarca todo tipo de industrias, incluso las de servicios, y tenemos una legislación que empieza en el 91 con la Ley de Residuos Peligrosos y que se robusteció después de la reforma de la Constitución.
Esas normas no buscan atraer inversión, pero tampoco la rechazan. Hoy, cualquier inversor sofisticado internacional sabe que, a diferencia de otros tiempos, sabe que cumplir con la legislación ambiental puede ser tan importante como el tema laboral, impositivo o corporativo. Esto vale para la Argentina, el resto de Sudamérica y todos los países. desde ese punto de vista, las normas ambientales no generan un rechazo.
Pero lo que sí complica, en diferentes provincias, es la obtención de permisos o su renovación para operar. Hay una enorme cantidad de organismos con autoridad en cada provincia. Todo el cuerpo de permisos no está unificado en un solo lugar.
FS: ¿Con qué herramientas podemos facilitar a las empresas extranjeras su instalación?
GMG: Podría ser más fácil si en cada provincia existiera un organismo único que diera todos los permisos. Todo unificado, con un solo permiso podría operar en una provincia. Cada provincia tiene sus requerimientos y eso es lógico porque lo pide la Constitución, pero sería ideal que dentro de cada provincia hubiera un solo organismo que unificara todos los permisos y también tuviera la potestad de dar vigencia a esos permisos. Y si la situación industrial no ha cambiado, que el plazo de expedición pueda ser más fuerte. Porque es muy común que las empresas pidan préstamos (aunque ahora no tenemos financiamiento externo), y una de las cláusulas de los bancos es el cumplimiento absoluto de todas las normas. Para una empresa es muy difícil tener todos los permisos para operar: tiene permisos otorgados, otros en trámite, otros demorados. Siempre está en riesgo de estar en situación de incumplimiento. Sería más fácil que los permisos se renovaran automáticamente por lo menos en el primer período, con plazos más largos de obtención de renovaciones, y un organismo único de control en cada provincia respecto de las actividades industriales.
