La iniciativa del Gobierno reúne comentarios positivos en general aunque algunos puntos particulares acumulan cuestionamientos como los beneficios impositivos para importar dispuestos en el RIGI y el aumento de las regalías mineras a favor de las provincias que habían solicitado los senadores de Santa Cruz.
En las últimas semanas, distintos sectores se expresaron en relación con el debate político más importante del momento: la discusión por el proyecto de Ley Bases. En ese sentido, el mundo empresario acompañó la iniciativa del Gobierno, aunque con algunos claroscuros.
Estos matices los resume el comunicado de Copal, que, por un lado, destacó “la dirección correcta” del proyecto, aunque, por otro, señaló que no es una “solución definitiva”. La exención impositiva sobre importaciones incluida en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y las regalías mineras a favor de las provincias sumaron críticas.
Este último punto fue materia de negociación del Gobierno para conseguir votos en el Senado, pero, afuera de la matemática legislativa, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó “preocupación” por el aumento del 3% al 5% de las regalías mineras.
“Constituye un sensible aumento en la presión tributaria sobre la actividad, deteriorando aún más la competitividad y sumándose a otros elementos negativos como la falta de infraestructura apropiada, costos de logística, normas burocráticas, etcétera”, señaló el comunicado oficial de la entidad.
Según cifras citadas por AmCham, en la Argentina existen 119 proyectos mineros en cartera, de los cuales solo 18 “se encuentran produciendo”. Es decir, el 15%. “Muchos proyectos que estaban en condiciones de ejecutarse quedaron paralizados por el declive económico del país, los cuales hubieran inyectado US$8.000 millones en exportaciones anuales. Si el contexto económico y regulatorio de Argentina fuera favorable, el sector pasaría de exportar US$4.000 millones a US$12.000 millones”, agregó la cámara que nuclea en el país a las empresas estadounidenses.
En consecuencia, AmCham indicó que el aumento de regalías mineras, atribuido a la negociación del Ejecutivo con legisladores santacruceños, “va en contra de los objetivos del Régimen de Promoción de Grandes Inversiones (RIGI)”, que busca atraer dólares frescos al país.
En ese sentido, el RIGI también recibió críticas del sector empresario, aunque no de AmCham, sino de la Unión Industrial Argentina (UIA). Su titular, Daniel Funes de Rioja, expresó su disconformidad con respecto a la eliminación de los derechos de importación en beneficio de las grandes inversiones. Según su visión, para la provisión de bienes o insumos esto dejaría en desigualdad de condiciones a los productores locales frente a su competencia en el extranjero.
Funes de Rioja se había mostrado optimista frente a posibles cambios en el RIGI, pero, hasta el momento, el apartado vinculado a las importaciones no ha sido modificado. En paralelo al debate legislativo, el titular de la UIA confirmó que la entidad trabaja en su propio RIGI para estimular inversiones de un piso menor al que estipularía la Ley Bases, que es de US$200 millones.
Pese a estas críticas, ambas organizaciones empresariales, AmCham y la UIA, manifestaron su apoyo a la iniciativa del Gobierno. Incluso, la cámara que representa a las compañías estadounidenses había emitido otro comunicado en el que celebró los cambios en materia laboral que impulsa el proyecto de Javier Milei.
Otra entidad del sector privado, la Coordinadora de las industrias de productos alimenticios (Copal), también apoyó el proyecto de Ley Bases. De hecho, mientras se desarrolla el debate en el plenario del Senado, indicó que “representa un paso significativo en la dirección correcta”.
Sin hacer mención específica a ninguno de sus apartados, aclaró que no es una “solución definitiva”, pero “marcará el comienzo de un nuevo capítulo, estimulando la actividad, la inversión y el empleo, para comenzar a transitar un camino que permita salir del estancamiento”.
