Lo hicieron a través de dos comunicados difundidos este viernes. Le solicitaron al Poder Ejecutivo revisar su decisión.
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La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y el Club Político Argentino se sumaron este viernes a la ola de críticas al Gobierno por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
A través de dos comunicados, las entidades se hicieron eco de la decisión del presidente Alberto Fernández, que fue denunciado penalmente por los delitos de alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En los documentos, señalaron que la decisión de no acatar el fallo significa un “quiebre institucional del sistema republicano” y la definieron como “un atentado al sistema democrático”.
La AmCham, por su parte, manifestó su preocupación por el incumplimiento al fallo alegando que este implica “un quiebre institucional del sistema republicano” y pone “en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional”.
“Argumentar que el fallo es ‘de imposible cumplimiento’, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitar la revocación del mismo, no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano“, asentaron en el documento.
Y añadieron: “El desconocimiento del fallo por parte de la Administración Nacional (las sentencias de la Corte Suprema son inapelables), no solo abre el camino hacia un estado de incertidumbre político y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas”.
Finalmente, hicieron extensivo un pedido al Gobierno: “Consideramos indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución Nacional, y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país”.
El Club Político Argentino fue más duro con su crítica y habló de un “golpe a las instituciones que acrecienta el desconcierto de la sociedad y pone en riesgo al sistema democrático”.
“El insólito no acatamiento del Poder Ejecutivo, acompañado por catorce gobernadores oficialistas, a un fallo de la Corte Suprema de Justicia es un atentado gravísimo al sistema democrático argentino y una torpe provocación de una crisis constitucional”, señalaron al comienzo del comunicado.
En el texto calificaron a la resolución de “inconsulta, arbitraria y escandalosa” y señalaron que “profundiza el desconcierto, alimenta la desconfianza y alienta el surgimiento de grupos aventureros que se ofrecen como alternativas ‘anti sistema'”.
“El Club Político Argentino llama a los partidos políticos democráticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a resistir cívicamente este atropello a la división de poderes establecida en nuestra Constitución Nacional. Es inadmisible que se desobedezca un fallo judicial porque no se lo considera justo y se lo acepte sólo si se lo considera”, continuaron.
Y sumaron: “La Justicia como poder de la república consiste en los procedimientos del debido proceso, no en quebrar la división de poderes cuando un resultado no nos gusta”.
Finalmente concluyeron: “Se ha pasado un límite. Nadie puede permanecer indiferente cuando se pone en riesgo el sistema republicano”.
Por su parte, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) que preside Alfredo Vítolo, también manifestó su preocupación por la desobediencia del Gobierno y dijo que se trata de un “acto sedicioso”.
En un comunicado, FORES recordó que “uno de los principios centrales de la República y el Estado de Derecho está dado por el respeto irrestricto a las decisiones judiciales. Si se concediese a un poder estatal el poder de decidir libremente cuando cumplir o dejar de cumplir una decisión de la Justicia, se alteraría el delicado equilibrio de frenos y contrapesos sobre el cual se asienta nuestra organización constitucional”.
“Dejaríamos de estar gobernados por la ley y la Constitución, y nuestras vidas, fortunas y honor, quedarían al arbitrio del poder de turno”, advirtió.
Luego FORES afirmó que “desconocer una sentencia judicial constituye un acto sedicioso, un acto de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”.