A un año de la entrada en vigencia del programa de Gobierno “Precios Máximos”, establecido en el marco de la pandemia de coronavirus, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) reclamó nuevamente su eliminación y aseguró que la medida genera un impacto negativo en el crecimiento económico de la Argentina.
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A través de un comunicado titulado “Precios máximos: una limitación a la viabilidad de la empresa, y la recuperación económica de nuestro país”, la entidad se preguntó por qué el Gobierno “se excede en sus funciones” al establecer el precio de los consumos que se comercializan y sus respectivos aumentos.
“¿Es sustentable mantener un programa durante 12 meses con aumentos de precios aprobados del orden del 14%, cuando el incremento en costos en ese periodo fue entre el 32 y el 48%? ¿Puede una empresa seguir operando cuando al desfasaje del 2020 se sumará, con seguridad, otra diferencia aún mayor en el 2021, sin verse en la necesidad de restructurar su portafolio de productos, reducir la empleabilidad o afectando el normal abastecimiento? ¿Son efectivos los controles de precios por largo plazo, cuando las causas de la inflación pasan mayormente por las políticas monetarias y fiscales de un país?”, se interrogaron.
Además remarcaron que dichas preguntas “se vuelven doblemente preocupantes” cuando las empresas observan que el motor de la recuperación económica dependerá “exclusivamente de la generación de recursos del sector privado”, ya que medidas de esta índole tienen “un impacto negativo sobre el nivel de crecimiento, la inversión en el lanzamiento de productos innovadores o la reconstrucción del empleo de calidad perdido”.
No es la primera vez que Amcham le reclama al Gobierno que los precios aumenten. Aunque desde la cámara resaltaron que siempre fueron “respetuosos de las políticas o prácticas económicas implementadas por las administraciones de nuestro país”, desde que el programa Precios Máximos entró en vigencia, la cámara mostró su disconformidad a través de cartas y encuentros con distintos funcionarios.
En tal punto remarcaron: “Los precios, en un mercado en plena competencia y múltiples oferentes, no pueden ser considerados bajo el régimen de tarifa pública y por ende definidos o autorizados por la autoridad administrativa competente”.
Además, citaron un informe de la consultora Abeceb, en el cual se remarcó que durante 2020 la baja en los ocupados fue de alrededor de 1,2 millones de trabajadores, tres veces más acelerada entre los informales y cuentapropistas.
“No hay dudas que la disminución de horas trabajadas han sido una tendencia mundial por el actual contexto de pandemia, pero el indicador en Argentina, de acuerdo con reportes de la OIT, duplica el promedio mundial, lo que nos conduce a reflexionar sobre el acierto o no de estas medidas adoptadas y su impacto en la empleabilidad futura”, aseveraron desde AmCham, que tiene por socios a compañías como Coca-Cola, Pepsi, Quilmes, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Walmart, entre otros.
A un año de que el Gobierno haya instaurado “la política ‘coyuntural’” en el marco de la pandemia, a través de la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, la entidad reiteró que la misma “sigue operativa y sin indicios sobre su fecha final de caducidad”, la cual fue prorrogada en más de una ocasión.
“Esta normativa ha avanzado sobre un derecho fundamental como resulta ser la libre decisión de fijar precios en base a factores como, la oferta y demanda, sus fortalezas competitivas, su estructura comercial, etcétera”, aseveró el comunicado.
Asimismo, señaló que “ninguna empresa que pretenda ser sustentable podría establecer un precio tratándose de bienes de consumo”, muy por encima de las posibilidades de compra de sus usuarios y consumidores” y añadió que tampoco se puede ser sostenible cuando “su estrategia comercial es definida en las oficinas ministeriales, afectando estructural y sistemáticamente su rentabilidad”.
“La disposición sobre precios máximos ha sido una decisión unilateral del gobierno, que desoye la predisposición de las empresas, conscientes de la situación social de nuestro país, al verse imposibilitados de orientar su oferta o portafolio hacia audiencias con distintos niveles de poder adquisitivo. Además, subestima a los usuarios y consumidores en su posibilidad de elegir libremente aquellos productos que desean o pueden adquirir basándose en gusto, precio o calidad”, argumentó.
Y agregó: “Este deseo del consumidor se verá aún más afectado, por la aplicación de la nueva Ley de Góndolas, solo será una cuestión de tiempo ver los resultados negativos que la misma generará para los consumidores y la industria”.
Si bien resaltaron que el diálogo del Gobierno con los sectores empresarios ha sido fluido, recriminaron la falta “total de incertidumbre hacia futuro”, lo cual compromete “severamente los márgenes de rentabilidad y, por ende, la capacidad de las empresas en generar empleos directos e indirectos en el corto plazo”.
Como solución a dicha incertidumbre, plantearon que el Ejecutivo debería permitir los aumentos escalonados durante los próximos meses, lo cual generaría un “marco de entendimiento y previsibilidad requerido”. Así, se avanzaría hacia un único programa que resguarde tanto “los derechos de los consumidores más afectados por los efectos económicos de la pandemia y, por el otro, las perspectivas de crecimiento al entramado productivo“.
“Ésta podría ser una forma lógica de evitar que medidas originalmente coyunturales se tornen políticas públicas permanentes de difícil reversibilidad, como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia”, reiteraron.
Finalmente, apuntaron contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, y le recordaron que “el prestigioso profesor emérito William Rhodes” indicó que “la inversión extranjera va a los países donde la población confía en el plan económico de su Gobierno”.
“Para ello, es necesario un sector privado próspero y dinámico que sea el puntal en la titánica tarea que ya golpea la puerta, la recuperación de la economía. No pretendamos ser ‘diferentes en todo’, no sigamos probando con sistemas o propuestas que han demostrado su absoluto fracaso en el pasado, seamos más estratégicos al momento de tomar decisiones, necesitaremos del sector privado para hacer de Argentina un país viable”, cerraron.
