Buenos Aires, 8 de junio de 2022.– La independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano. Un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus
integrantes tienen derechos y obligaciones.
Y si bien el servicio de justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es quintuplicando su número de miembros.
Próximos a celebrar 40 años de democracia ininterrumpida, argentina ha asistido a dos modificaciones en la composición de la Corte Suprema (1990, 2006), y otras dos modificaciones a un organismo asociado, el Consejo de la Magistratura (2006, 2013), creado recién en 1994 por la última reforma constitucional. Si bien en estos últimos 40 años ha habido en nuestro país profundas transformaciones, nos parece un tanto excesivo tener tantos procesos de cambio en los 2 organismos centrales de la justicia argentina.
El federalismo en la integración del máximo tribunal está garantizado hoy, no mediante una política de cupo, sino a través del Senado como parte fundamental en el proceso de selección de sus jueces quienes fundan sus fallos en base a la ley, no a su procedencia geográfica.
Hoy nuestro principal desafío es fortalecer la calidad institucional y respetar el principio de división de poderes. Solo a través de este camino lograremos consolidar una recuperación económica sostenida, con indicadores positivos en inversión privada y creación de empleos de calidad.
