La entidad se sumó a las críticas ya lanzadas por IDEA y ACDE contra el proyecto oficialista que pretende llevar el máximo tribunal a 25 miembros.
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La AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, manifestó su rechazo al proyecto oficialista que pretende ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema y advirtió que “la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano”.
El kirchnerismo lanzó la idea de pasar de 5 a 25 miembros la composición de la Corte Suprema en el marco de su enfrentamiento con el máximo tribunal, que tiene en su poder decisiones determinantes para el ámbito político, como los recursos por las causas de corrupción que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Tras el impulso kirchnerista, el gobierno de Alberto Fernández y un grupo de mandatarios provinciales del peronismo asumió como propia la iniciativa de ampliación.
Con un comunicado titulado “AmCham no comparte la iniciativa de ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia”, la cámara empresaria enfatizó que la independencia del Poder Judicial es “un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones”.
“Si bien el servicio de justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es quintuplicando su número de miembros”, agregó el comunicado.
El rechazo de la AmCham se suma a otras expresiones en el mismo sentido. Antes, el Foro de Convergencia Empresarial manifestó su preocupación ante el proyecto de ley del oficialismo y aseveró: “Para procurar un desarrollo sostenido de la economía, generar trabajo, atraer inversiones y disponer de recursos genuinos para cumplir los fines del Estado, nuestro país necesita contar con un marco institucional que genere confianza y previsibilidad dentro del cual la independencia del poder judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye un requisito fundamental”, señaló la entidad.
“La proyectada ampliación de 5 a 25 del número de integrantes del más alto tribunal, ya cuestionada desde el punto de vista constitucional por la Academia Nacional de Derecho, genera además incertidumbre para el sector productivo e inversor, que requiere de reglas estables que no afecten el sistema republicano de gobierno establecido por nuestra Constitución Nacional”, enfatizaron.
El Foro de Convergencia Empresarial comenzó a gestarse a partir de noviembre de 2013 como una instancia de diálogo y en la actualidad reúne a más de 60 instancias empresariales. Entre otras, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación Cristiana de Dirigente de Empresa (ACDE), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), las bolsas de Comercio y de Cereales de Buenos Aires así como entidades comerciales, rurales, agroindustriales y mineras del país.
A las críticas expresadas por la oposición, los gobernadores no alineados con el kirchnerismo e instituciones como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ya se habían sumado sectores empresarios como IDEA y ACDE, que no dudaron en identificar al proyecto que impulsa el oficialismo como un intento por “subordinar la Justicia al poder político”.
En el Instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina (IDEA) consideraron que la ampliación de la Corte a 25 miembros “afecta negativamente la inversión y el empleo”. A través de un comunicado, la entidad advirtió que “el proyecto de aumentar de cinco a 25 el número de miembros la Corte Suprema constituye un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.
En contrapartida, destacaron que “el fortalecimiento de la calidad institucional debiera ser uno de los mayores objetivos en nuestro país, ya que hoy es el principal obstáculo para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo”, para recordar que el funcionamiento de la República se basa en la división de poderes. “Este proyecto va directamente en contra de este principio fundamental ya que busca que la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quede subordinada al poder político”, enfatizaron.
La reacción de ACDE fue enfática. “En conjunto con todas nuestras asociaciones provinciales, conformadas por hombres y mujeres de empresa cristianos, consideramos que esta iniciativa representa una manipulación de las instituciones con el verdadero fin de someter a la Justicia al Poder Ejecutivo, en una clara alteración de la independencia de poderes que debe regir en nuestra Nación”, subrayaron.
En el mismo sentido, señalaron que la Corte Suprema con su actual conformación “ya cuenta con carácter Federal al ser sus jueces nombrados por el Senado de la Nación, cuyos miembros responden a las provincias”, y concluyeron: “La justicia debe fallar en base a la ley y no en base a los intereses particulares de los gobiernos, sean estos provinciales o nacionales”.
El jueves pasado, Alberto Fernández se reunió con gobernadores de 13 provincias oficialistas y aliadas, además de representantes de otros cinco distritos, para acercarles el proyecto que la Casa Rosada pretende impulsar para ampliar el número de cortesanos. Fue a sabiendas del proyecto que, en paralelo, ya discutían los mandatarios provinciales peronistas que, un día más tarde, dijeron estar listos para impulsar.
A la reunión en la Casa Rosada no asistieron los cuatro mandatarios de Juntos por el Cambio de la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y Corrientes, pero tampoco los peronistas Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba). La resistencia tiene matices. Mientras Horacio Rodríguez Larreta la expone con tono de denuncia, Schiaretti hace saber su disconformidad por lo bajo. Entre los más firmes, algunos advierten que es un ataque preocupante a las instituciones de la República y otros destacan que no es un tema prioritario en medio de la crisis que atraviesa el país.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se expresó en el primer sentido: “Bajo el insólito pretexto de establecer una Corte federal aparece con toda nitidez la verdadera intención: subordinar completamente a nuestro máximo tribunal al poder político”, señaló la entidad. “No es aventurado afirmar que la historia de la decadencia argentina va de la mano de la historia de la manipulación de su Poder Judicial”, afirmó la institución que preside Alberto Garay.
Los jueces de la Corte no hablaron en público ni en privado sobre el proyecto del oficialismo. En el fondo confían en que la iniciativa nunca pasará el filtro de Diputados.
