El miércoles pasado conmemoramos el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, que tiene como objetivo reconocer su relevancia y trascendencia en la vida de las personas. Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina y del AmCham Business Ethics & Transparency Institute, compartimos la afirmación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo que “la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”.
En esta línea, y tal como afirma el informe “Corrupción y Transparencia” publicado por Poder Ciudadano en 2014, sostenemos que la información pública es un derecho fundamental para todos. Por un lado, y desde una dimensión política, porque existen elementos que son constitutivos del régimen democrático, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la transparencia de los actos de gobierno y la propiedad de la información.
Por el otro, y desde una dimensión instrumental, dado que en muchas ocasiones, acceder a datos en poder del Estado constituye una precondición para el ejercicio de otros derechos.
Es decir, el derecho de acceso a la información pública es un elemento esencial e indispensable del sistema republicano, representativo y democrático. Y, como tal, es fundamental para el control ciudadano de los actos públicos, la rendición de cuentas y el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. Por esto mismo, es responsabilidad del Estado garantizar el respeto de este derecho y facilitar los medios para que pueda ser ejercido de manera efectiva.
Este derecho canalizado a través de una ley es la clave fundamental para la construcción de instituciones más sólidas y transparentes, y de una ciudadanía responsable e informada. Si nos referimos particularmente a la situación normativa en la Argentina, el Congreso de la Nación sancionó en 2016 la ley de acceso a la información pública. De esta manera, nuestro país forma parte de las naciones que garantizan que los ciudadanos podamos pedir información al Estado y este tiene la obligación de expedirla. Más aún y a diferencia de otros países, nuestra ley alcanza a los tres poderes por igual: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ahora bien, sabemos que la reglamentación es un paso importante y necesario, pero sin dudas no suficiente. Si hacemos un pequeño recorrido desde su reglamentación hasta la fecha, podemos observar que ha habido avances que demuestran una responsabilidad asumida de parte del Estado, ya que, por ejemplo, hoy en día el Poder Ejecutivo cuenta efectivamente con una persona designada en la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, sobre todo desde lo que los expertos en la materia denominan “transparencia activa”, porque no solo se trata de que haya personas idóneas en los tres poderes que sean responsables de brindar información cuando la sociedad así lo reclama, sino que también debe haber un involucramiento por parte del Estado para brindar información aun cuando nadie la solicite.
En este sentido, la transparencia activa no es monopolio del Estado. Es vital que la sociedad se involucre, y para ello se debe trabajar en las bases fundamentales de la confianza y el compromiso. Mientras no existan mecanismos de control de la ciudadanía como watchdogs de la integridad e institucionalidad y, sobre todo, mientras no exista una genuina creencia y compromiso para reconstruir las bases de una sociedad democrática a la cual aspirar, entonces el acceso a la información pública se mantendrá en el papel de la ley. Dicho de otro modo, es indispensable contar con una actitud proactiva por parte del Estado, pero también del conjunto de cada uno de los habitantes del suelo argentino en este caso.
A modo de conclusión, podemos decir que tenemos el gran desafío de trabajar en la efectiva aplicación de la ley, para que los funcionarios de los tres poderes entiendan que cualquier tipo de información en realidad pertenece a los ciudadanos. Pero también debemos entender que es imprescindible una sociedad involucrada. La construcción la hacemos entre todos, apropiémonos de las palabras y llevemos las mismas a la acción.
- Por Marina Senestro, Directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.
