Ciudad de Buenos Aires, 2 de mayo de 2024
La República Argentina se encuentra actualmente bajo uno de los regímenes de propiedad intelectual más restrictivos en el ámbito de las invenciones farmacéuticas y biotecnológicas, comparado incluso con países como Venezuela. Desde la emisión del Reglamento Conjunto N° 118/2012, 546/2012 y 107/2012 por los Ministerios de Salud e Industria y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) el 8 de mayo de 2012, no se ha tomado ninguna decisión política para revertir esta situación
Este reglamento ha determinado que invenciones comunes en la industria farmacéutica, tales como composiciones, dosificaciones, sales, ésteres y éteres, polimorfos, procedimientos análogos, metabolitos activos y profármacos, enantiómeros y patentes de selección, sean consideradas no patentables. Asimismo, ha restringido significativamente el alcance y la eficacia de las reivindicaciones tipo Markush. Como resultado, prácticamente no se han patentado productos farmacéuticos desde el año 2012, lo cual limita el acceso de los pacientes argentinos a las nuevas tecnologías farmacéuticas globales.
Además, el Reglamento Nº 283/2015, emitido el 25 de septiembre de 2015 por el INPI, ha modificado las directrices de patentabilidad para el examen de invenciones biotecnológicas aplicadas a plantas y animales. Este reglamento de biotecnología impone criterios adicionales de patentabilidad que van más allá de los requisitos establecidos en acuerdos internacionales y legislación nacional.
El Reglamento Conjunto y el Reglamento de Biotecnología son contrarios a las obligaciones asumidas por Argentina en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, desalentando así la inversión tanto local como extranjera en el país.
No solo estos puntos fueron destacados por Amcham en la última presentación realizada a las autoridades de los Estados Unidos durante la elaboración del informe 301, sino confirma y da claridad para pensar que nada ha cambiado en materia regulatoria y los obstáculos siguen plenamente vigentes.
En resumen, desde el año 2012 no se han realizado cambios sustanciales en materia de patentabilidad en la República Argentina. Por lo tanto, solicitamos a la actual Administración Nacional que revise profundamente esta situación, remueva estas limitaciones y posicione a nuestro país al nivel de aquellos que buscan proteger la salud de sus ciudadanos mediante el acceso a los nuevos desarrollos farmacéuticos.
